El gobierno apuesta a cambiar la ley de Glaciares para destrabar las inversiones que tiene apalabradas con las mineras y encontrar un camino que le permita atraer inversiones extranjeras y generar empleo, luego de dos años sin resultados en esos frentes. La necesidad de mostrar una mejora importante en la economía real, es cada vez más acuciante.
La Rosada quiere que los gobernadores puedan definir si pueden explotarse en sus provincias las áreas protegidas por una ley de 2010 impulsada por el periodista Miguel Bonasso. Cuando era diputado del entonces Frente para la Victoria en 2008, Bonasso empujó la primera sanción de la ley, que fue vetada por Cristina Kirchner.
El periodista denunció un lobby de la minera canadiense Barrick Gold y rompió con el bloque kirchnerista. En 2010 logró que el Congreso volviera a aprobar la ley con la ayuda de los cambios que introdujo Daniel Filmus.
La realidad social en esa época acompañaba el repudio generalizado de la intromisión de las mineras en las zonas protegidas por leyes ambientales como la de Bonasso. Pero el boom minero en provincias como San Juan, que cambió su economía de raíz con el ingreso de las compañías internacionales que tienen un poder de inversión astronómico, sumado a la escasez de dólares por la falta de proyectos productivos, llevó a varios gobernadores a no querer perderse tamaño negocio. En especial a los patagónicos y los mandatarios que gobiernan distritos que limitan con la Cordillera.
El gobierno de Milei apuesta casi en exclusivo a la minería para levantar la economía paralizada en parte por medidas profundizadas por los propios libertarios, como fue el error populista de levantar el cepo a las personas y no a las empresas. Luego de aprobado el RIGI, lo que exigen las mineras además de la salida total del cepo, es tocar la ley de Glaciares que tiene un inciso que los molesta especialmente. Es el referido a los ambientes “periglaciales”, es decir, la periferia de los glaciares que está protegida por la ley N° 26.639.
Bonasso festeja la aprobación de la ley de Glaciares rodeado de Pino Solanas, Alcira Argumedo y Claudio Lozano.
En el proyecto que el Ejecutivo mandó al Congreso para tratar en las sesiones extraordinarias se incluyeron dos sutilezas para permitir el ingreso de las mineras.
Una es la incorporación de Parques Nacionales, que depende de la administración central, como una autoridad competente para definir la autorización de proyectos productivos en los glaciares y en el ambiente periglacial. “Lo de periglaciar es un invento argentino, son rocas, no son los glaciares”, dijo a LPO un funcionario libertario.
El otro apartado clave es el artículo 3 bis, que establece que cuando la autoridad competente constate que un glaciar o ambiente periglacial no cumple la función de reserva estratégica de recursos hídricos, se considerará que no está protegido por la ley de glaciares. Esto quiere decir que las provincias podrán definir si un glaciar es una reserva estratégica de agua o un terreno ideal para excavar con tecnología que en algunos casos usa cianuro y puede contaminar por siglos las napas.
El artículo nuevo se permite una ironía al final, cuando dice que la exclusión del glaciar o zona periglacial del inventario de glaciares se hará sin perjuicio de la protección de la Ley General del Ambiente N° 25.675, una norma mucho menos específica que la referida a las masas de hielo perennes, que están desapareciendo por el calentamiento global.
La Rosada busca destrabar así las inversiones que las provincias negocian con las mineras, impedidas por la ley Bonasso.