Rodrigo Paz Pereira sufre su primera crisis política. La decisión de quitar el subsidio al combustible a través de un decreto presidencial.
Esto generó protestas y la realización de un paro general encabezadas por fabriles, transportistas, mineros, campesinos y organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB).
En este marco, este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó al menos 20 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, y en menor medida en Santa Cruz y Beni, lo que afecta la conexión entre el eje central del país y regiones productivas y fronterizas.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, anunció en un acto cerca de la plaza Murillo, en La Paz, que la huelga se mantendrá hasta que el Gobierno dé marcha atrás con el decreto que impacta sobre los precios y los salarios de los trabajadores.
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A pesar de la medida de fuerza, el gobierno boliviano defendió el paquete de medidas, que además del retiro del subsidio incluye el aumento del salario mínimo, ajustes a beneficios sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, y un “Perdonazo Tributario” para deudas previas al 31 de octubre de 2025.
Pese a la presión social y la paralización parcial del país, Paz Pereira reiteró que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio y que el diálogo seguirá siendo la vía para resolver el conflicto.
Argollo confirmó la existencia de una convocatoria gubernamental al diálogo, pero subrayó que la decisión final se tomará en una reunión ampliada con federaciones y organizaciones regionales, respetando la voluntad de las bases.
“Pedimos la abrogación del decreto neoliberal 5503 que solamente beneficia a los millonarios, es un decreto maldito. Si no hacemos algo ahora, vienen días oscuros para nuestras familias”, concluyó Argollo.
Alfredo Llarerico, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras La Paz, aseguró que las cooperativas mineras protestan en La Paz “contra la política neoliberal vigente desde el miércoles que suspende subvención a combustibles y facilita la entrega de recursos estratégicos a privados nacionales y extranjeros”.
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Como medidas complementarias, Paz firmó un aumento salarial del 20% que beneficiará al 15% de la fuerza laboral formal, dado que el 85% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. Asimismo, mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales -según anunció- tendrán un incremento, y autorizó a los transportistas a importar autopartes sin aranceles.
Las decisiones de Paz cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos como parte de la estrategia para atraer inversiones externas para reactivar la economía.
