El Gobierno enfrentó una presión poco visible pero intensa del poder económico para habilitar el crédito en dólares. Los principales grupos empresarios, bancos y actores financieros coinciden en que la única fuente de reactivación posible hoy está dentro del propio sistema financiero, en los depósitos en moneda dura acumulados durante el último año. Luis Caputo decidió no abrir esa puerta. En cambio, respondió con una jugada lateral: la colocación de un bono en dólares que permitió canalizar una parte de esa liquidez sin flexibilizar el crédito privado.
La colocación de un bono en moneda dura funcionó así como una válvula política además de financiera. El reclamo que venía creciendo era claro y unánime dentro de la elite dominante: liberar préstamos en dólares. No porque haya optimismo económico, sino porque es prácticamente la única “guita” disponible. Sin emisión monetaria, con el crédito en pesos caro y Wall Street aún cerrado, los depósitos en dólares aparecen como el último combustible posible para mover la actividad.
Ese planteo quedó expuesto en la reunión que el vocero presidencial Manuel Adorni mantuvo con el Grupo de los Seis. Los representantes del poder real (industria, bancos, financistas, campo, comercio y construcción) coincidieron en un punto central: flexibilizar el crédito en dólares es hoy la herramienta más inmediata para intentar reactivar la economía.
Caputo aflojó la aspiradora de pesos y consiguió USD 150 millones de los bancos
La lógica detrás del reclamo es simple. Wall Street sigue vedado para la Argentina. El financiamiento externo soberano permanece condicionado por el riesgo país. Los dólares del blanqueo fueron un impulso transitorio y empiezan a mostrar límites. Y el ciclo de endeudamiento corporativo tampoco puede expandirse indefinidamente.
Las fuentes nuevas de divisas escasean. Lo único que creció de manera contundente fue el stock de dólares dentro de los bancos, que superaron el pico históricos de USD 35.000 millones.
Ahí aparece una paradoja del sistema financiero. Las entidades tienen depósitos en moneda extranjera en niveles récord, impulsados por emisiones de deuda privada y por el ingreso de capitales del blanqueo. Pagan tasas por esos dólares inmovilizados, pero solo pueden prestarlos a exportadores para evitar riesgos cambiarios. Una capacidad prestable reducida, achica el margen de ganancia de los bancos.
Por su parte, la industria presiona para acceder a financiamiento. El agro quiere ampliar apalancamiento. La construcción imagina un ciclo hipotecario que reactive el real estate. El comercio espera algún derrame. Pero detrás de todos esos sectores aparece algo más profundo: el establishment económico percibe que ese stock de depósitos es el único motor potencial disponible.
El lobby fue intenso. Bancos locales, cámaras empresarias y estudios financieros transmitieron el mismo mensaje durante semanas. Sin embargo, el Gobierno eligió la prudencia. La memoria del 2001 sigue operando como frontera. El estallido de la convertibilidad dejó como enseñanza central el riesgo del descalce de monedas: empresas endeudadas en dólares con ingresos en pesos terminan trasladando el problema al sistema financiero y finalmente al Estado.
Caputo ignora el consejo de Brito para reactivar y seca la plaza
Economistas de mercado y heterodoxos coincidieron en esa advertencia. Incluso los bancos extranjeros mostraron resistencia. Las casas matrices evitaron avalar una expansión masiva del crédito en dólares fuera del sector exportador.
La cautela oficial también responde a otro dato inquietante. Durante el gobierno de Javier Milei, la deuda corporativa en moneda dura ya roza los USD 20.000 millones, un monto equivalente a casi dos años de superávit comercial argentino. Con tasas que se ubican entre el 8% y el 10% anual, en la City empieza a circular una pregunta incómoda: qué empresa puede crecer lo suficiente para pagar ese endeudamiento. Ni siquiera el desarrollo de Vaca Muerta garantiza retornos holgados bajo ese costo financiero.
Para sortear la presión sin abrir el crédito, Caputo diseñó la salida financiera. En la última licitación incorporó un bono en dólares con rendimiento inferior al 6% anual. La jugada permitió a los bancos hacer rendir los depósitos por los que hoy pagan tasa y, al mismo tiempo, aportó divisas al Tesoro para aliviar vencimientos en moneda dura. Fue una respuesta política sofisticada: no conceder el pedido del establishment pero tampoco ignorar su problema.
El Gobierno logró ecanalizar parte de la presión del mercado financiero con la colocación del BONAR 2027 (AO27), pieza central de la última licitación.
En la primera vuelta realizada este miércoles, el Ministerio de Economía recibió ofertas por USD 866 millones para este instrumento y finalmente adjudicó USD 150 millones con una tasa del 5,74% nominal anual.
El dato relevante fue la fuerte sobreoferta. El mercado ofreció casi seis veces más dólares de los que el Tesoro decidió tomar, una señal directa del interés de los bancos por colocar la liquidez en moneda dura acumulada en el sistema.
Ante esa demanda, Finanzas abrió este jueves una segunda vuelta o ampliación del mismo bono. Allí adjudicó el cupo adicional completo de USD 100 millones, manteniendo exactamente las mismas condiciones financieras.
En esta instancia la presión compradora volvió a ser elevada. El Tesoro recibió ofertas por USD 348 millones, lo que implicó un prorrateo del 28,7%. Entre ambas ruedas, el Gobierno terminó captando USD 251 millones.
La estrategia, al menos por ahora, le está funcionando a “Toto”. Lo concreto es que el mercado sigue priorizando cobertura y liquidez, aunque lejísimos se este de fomentar el crédito productivo.
El Gobierno mantuvo las restricciones post-2001 y respondió con ingeniería financiera: colocó y amplió el bono AO27, que recibió ofertas por más de USD 1.200 millones
