La presentación de parte de la Corte Suprema de un reglamento para los concursos de jueces es motivo de una indisimulable refriega política. Lo impulsan dos ministros aliados de manera inusual con la supuesta intención de limitar la discrecionalidad de las nominaciones. Lo hacen justo cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remite al Senado los pliegos para que aprueben los cargos de 60 magistrados, entre ellos los de su padre, de la esposa del juez que tiene a cargo la causa Libra y del hijo de Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal argentino.
La oportunidad de la presentación llamó la atención. Justo dos ministros de la Corte lo hacen cuando el Poder Ejecutivo impulsa esta iniciativa para aprobar magistrados con nombres polémicos, que incluso recibieron una puntuación discutible para quedar en posiciones elegibles. Y que recibe el espaldarazo explícito del sector más representativo del establishment, el llamado G6, que aglutina a la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, entre otros.
El pasado 30 de mayo los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en un acto el Proyecto de Reglamento del concurso de jueces, que busca dar trazabilidad a las nominaciones y limitar la arbitrariedad en la elección de nombres, ajustándolas al mérito técnico y la trayectoria demostrable. La iniciativa no contó con la adhesión de Horacio Rosatti. Y levantó reproches de dos vías. La primera señala que en nombre de la ponderación técnica ganan influencia los sectores de los poderes formales, básicamente económicos, para ubicar favoritos en cargos del Poder Judicial, en desmedro de la política.
El segundo cuestionamiento se da en relación a que la Corte Suprema se inmiscuye con esto en una facultad exclusiva del Consejo de la Magistratura que es el órgano que tiene esa competencia. El cometido del máximo tribunal es tener la última palabra en lo que debe tenerse como una sentencia justa y no elaborar códigos y reglamentos. Lo dijo alguna vez un ex ministro de Justicia de Santa Fe también en medio de una controversia política. “Que los jueces quieran elaborar códigos es como si los pilotos pretendieran construir los aviones. De los pilotos esperamos la mayor pericia para manejar los aviones, no que los armen”.
Una fuente próxima al ministro Ricardo Lorenzetti le dijo a LPO que el hecho de intervenir en este debate tenía la pretensión de generar un aporte en la mejora de una Justicia democrática y no usurpar ninguna potestad ajena. “En su momento el ex presidente de la Corte, Enrique Petracchi, daba permanentes directivas y sugerencias al Consejo y a nadie se le ocurrió que fuera un acto impropio de su función. Lo que se hace ahora fue una contribución para mejorar la Justicia. Esto no pretende ser otra cosa”.
El acto de presentación del proyecto
Para el interlocutor es del todo errado interpretar que detrás del proyecto de selección motorizado por Lorenzatti y Rosenkrantz se movilizan las expectativas de los factores de poder real por ubicar actores de peso en la Justicia Federal. “Esto no tiene nada que ver con el establishment sino con limitar la discrecionalidad. El establishment es una cosa y el Poder Judicial es otra”.
No siempre, le replica con respeto LPO. En el caso de Lago Escondido los empresarios y los distintos funcionarios del Poder Judicial que viajaron juntos a la estancia de Joe Lewis no parecen ubicarse en lugares distintos. “Ningún miembro de la Corte tiene que ver con Lago Escondido”, responde el portavoz. Lo que es cierto. Son todos funcionarios de la Justicia Federal que supervisa el máximo tribunal e incluso el actual ministro de Justicia de la Nación.
Tampoco, según la fuente próxima a Lorenzetti, tiene intención el máximo tribunal con el proyecto limitar la gravitación de los representantes políticos en el modo en que se seleccionan los jueces. “Por varios motivos. Primero que acá intervienen con su aval entidades de abogados, y las elecciones de los colegios de abogados están normalmente impulsados por los partidos políticos. Ahora se puede ver porque hay campañas. Entonces en el Consejo de la Magistratura está la política, no el establishment. La política está representada en el Consejo. De hecho (a la presentación) vinieron todos, vinieron senadores, vinieron diputados, vinieron los representantes de varios partidos políticos, o sea, no tiene nada que ver en absoluto el establishment acá. ¿Qué establishment?”.
Lo que intenta sostener en el diálogo este medio es que hubo una manifestación explícita de los principales actores asociados del mundo de la producción, la construcción, el agro y las finanzas que confluyen en el llamado G6 en favor del reglamento de concursos propuesto por Rosenkrantz y Lorenzetti. Que es a ese sector lo que se cataloga genéricamente como establishment. Y que analistas políticos ven en ese esquema un afán de disminuir la influencia de la política de las designaciones y privilegiar las de factores del poder económico.
Además, según refirió la fuente, no hay conflicto con el Consejo de la Magistratura por le hecho de que un sector mayoritario de la Corte -dos ministros sobre tres – elaboren un proyecto para reglamentar de otra forma los concursos de jueces. “El Consejo lo tiene que tratar y punto. Después cada cual puede opinar lo que quiera”, sostuvo el allegado al ministro.
La oportunidad en la que se lanzó este proyecto en un acto masivo en el que fueron oradores sus dos autores coincidió con el momento en que el gobierno a través del ministro Mahiques mandó a la Comisión de Acuerdos del Senado los pliegos del padre de este, Juan “Coco” Mahiques, para ser juez titular de la Cámara Nacional de Casación Penal. El de Ana Juan para el juzgado federal de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, quien es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que es el juez a cargo de la causa de la estafa presunta conocida como Caso Libra en la que está implicados Javier y Karina Milei.
La ceremonia de presentación donde estuvieron los tres ministros de la Corte -aunque Rosatti no impulse expresamente el proyecto- fue el pasado 30 de marzo. Al mismo tiempo se conocían los pliegos que mandaba el gobierno. Que incluyen el de candidato a vocal de tribunal oral federal de Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte, contra quien hubo en Santa Fe causas abiertas por violencia de género e incidentes de tránsito de dominio público que lo involucraron.
No hubo ninguna intención de dar dobles mensajes. Solamente se presentó un proyecto que a criterio de los impulsores es más idóneo para seleccionar jueces.
Una interpretación política muy fuerte es que el afán de hacer público el proyecto de los miembros de la Corte, con respaldo manifiesto de Lorenzetti y Rosenkrantz, tenía que ver con diferenciarse fuertemente del acto de envío de pliegos con nombres polémicos. Justamente la iniciativa postula que la regla pasen a ser los concursos anticipados y no especiales. Que se fijen pautas objetivas de asignación para los cargos de magistratura y se incorporen criterios de rendimiento académico para reconocer e incentivar la formación especializada por el simple tránsito burocrático medido en antigüedad y un examen en dos etapas donde se evalúen los conocimientos de derecho del concursante y su capacidad de resolver problemas prácticos de su función. También el proyecto busca que los que elaboran el examen no sean los mismos que los corrijan para evitar discrecionalidades de los que deben ser jurados.
“No hubo ninguna intención de dar dobles mensajes. Solamente se presentó un proyecto que a criterio de los impulsores es más idóneo para seleccionar jueces”, sostuvo la fuente que habló con este medio. “Un proyecto de este tipo lleva mucho tiempo de elaboración, no se convoca a su presentación ni se lo improvisa de un momento a otro”. Lo señaló como para indicar que la coincidencia de su lanzamiento con el envió de los candidatos del gobierno fue apenas una coincidencia.
