La cadena de pagos en el sector energético empezó a crujir. La combinación de devaluación y tasas altas se convirtió en el combo que desajustó un sistema tensionado. Y ahora el Gobierno, que hace del superávit fiscal su carta de presentación, enfrenta un frente de tormenta que le astilla la vidriera.
La relación entre la Casa Rosada y las productoras de gas alcanzó un nivel crítico. Las petroleras le reclaman al Estado el pago de una deuda que supera los 250 millones de dólares por el gas entregado en abril y mayo a Enarsa. El reclamo ya no se hace en voz baja: llegó en cartas formales dirigidas a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La deuda no es sólo por el gas: incluye intereses y penalidades por incumplimiento de las cláusulas take or pay, que obligan a pagar por el volumen contratado aunque se consuma menos.
En mayo, Enarsa tomó menos gas del comprometido, pero debe pagar igual. Y en septiembre vence la factura de junio, el mes de mayor consumo: la cuenta podría trepar a 450 millones en días.
El problema de fondo está en la devaluación. Las petroleras cobran en dólares, pero el Estado paga en pesos. Cada salto cambiario agranda la brecha y multiplica el impacto fiscal. Así, el “logro” del superávit, esa joya que el Gobierno exhibe como su trofeo, se ve amenazado por un costo que crece.
La advertencia de las compañías es clara: no hay forma de sostener el nivel de inyección ni las inversiones. El mensaje fue enviado de manera coordinada por YPF, PAE, TotalEnergies, Tecpetrol, Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía.
En la electricidad, el escenario no es menos áspero. La suba de tasas, que Economía validó con licitaciones del Tesoro a más del 70% anual, en un intento desesperado por frenar dólar y por ende la inflación, desarmó la rueda financiera que usaba Cammesa.
Hasta hace poco, la administradora del mercado eléctrico cobraba de Edenor, Edesur y otras distribuidoras mediante cheques diferidos. Luego los descontaba en mercados secundarios, aceptando una quita. Con las tasas por las nubes y los bancos cerrando la ventanilla, ese circuito se cortó.
Lo concreto es que Cammesa ya acumula unos 120.000 millones de pesos en cheques que no puede convertir a efectivo, cerca de 100 millones de dólares. Las distribuidoras del AMBA advierten que no pueden pagar todo al contado. Señalan que el aumento de tarifas autorizado en la Revisión Quinquenal Tarifaria fue mucho menor al que pedían. Argumentan que el ENRE les recortó casi 40% la rentabilidad reconocida.
“Así, los ingresos no alcanzan para cubrir los vencimientos” afirmó a LPO una fuente de la industria. Edenor incluso aduce que se endeudó y emitió un bono local por 22.000 millones de pesos para girarle a Cammesa.
El tema es que si el bache de Cammesa sigue agrandándose, el Tesoro deberá cubrirlo con transferencias directas. Una vez más, la meta del superávit incolume se pone en jaque.
